A fin de que aquellos consumidores de droga que sean detenidos en posesión de una sustancia, no paren en las prisiones mexicanas como traficantes, sino que se les diagnostique y trate por su adicción, en el Congreso del Estado se presentó la iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Salud del Estado que las armonizarán con la legislación federal.
Las iniciativas de Ley fueron presentadas por la legisladora Gabriela Molina Aguilar, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género del Congreso local, quien en su exposición de motivos recuerda que el 20 de agosto del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
En dichas reformas se refería que para eficientar la labor del Estado en el combate al narcomenudeo se requería de reformas legislativas que permitan determinar de manera clara la corresponsabilidad de los gobiernos federal y de los estados para la prevención y el combate a la posesión, comercio y suministro de narcóticos; la tipificación y sanción de esas conductas delictivas; así como determinar mecanismos para el tratamiento médico y programas de prevención a farmacodependientes y no farmacodependientes.
Con la propuesta se plantea que el Ministerio Público, al iniciar la investigación, dará aviso a la Secretaría de Salud del Estado cuando un farmacodependiente se encuentre imputado de cometer un delito, a fin de que dicha autoridad intervenga en los términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo que al respecto prevenga la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación de Sentenciados del Estado.
Cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público o el Juez competente, solicitará la elaboración del informe pericial correspondiente, sobre los caracteres organolépticos o químicos de la sustancia asegurada. Cuando haya detenidos, este informe será rendido a más tardar dentro del plazo de 36 horas.
Fuente: cambiodemichoacan.com.mx